La votación sobre el juicio político se celebrará previsiblemente el miércoles en el pleno de la Cámara Alta
8 DE MAYO 2016 – 12:01 AM
La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó ayer la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere juzgar su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones. “Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar”, dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas. Esta es la primera vez que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, pero la posibilidad no está recogida en la Constitución en el caso de destitución o renuncia de un mandatario.
La presidente insistió que el proceso de destitución se trata de un golpe de Estado, porque no tiene base legal y porque ella ni siquiera participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición. La denuncia se basa en unas maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños.
Rousseff también reiteró que va a resistir hasta el fin, por lo que no renunciará aunque el Senado decida en los próximos días iniciar el juicio político, para lo que sería necesaria la mayoría simple de los 81 senadores. La votación crucial se celebrará previsiblemente el miércoles en el pleno de la Cámara Alta, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente. Si los senadores aprueban el inicio del juicio político, se verá obligada a apartarse del cargo hasta que se culmine el proceso, que puede alargarse por un máximo de 180 días. Durante ese período Temer asumiría la Presidencia de forma temporal y, si el Senado se inclina por la destitución, completará el mandato que termina el 1° de enero de 2019.
Telenovela brasileña
La crisis política ha puesto al borde de la destitución a la mandataria Dilma Rousseff, quien se enfrenta a un impeachment, un complejo proceso de destitución con numerosas etapas en la Cámara de los Diputados y el Senado. El trámite se inició el pasado diciembre y tendrá una votación decisiva esta semana, con la que se podría sellar el alejamiento temporal de su cargo. Rousseff es acusada formalmente de haber cometido un “crimen de responsabilidad”. Convencida de que el juicio político oculta otros intereses, la presidente ha acusado de golpistas y conspiradores a los otros dos personajes claves de esta “telenovela”, el vicepresidente Michel Temer, quien la sustituirá si es destituida, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha. Este diputado puso en marcha el proceso contra Rousseff, pero esa maniobra le costó ser apartado del cargo, pues ahora lo investigan por corrupción. La corrupción ha puesto a Brasil de cabeza; el caso más emblemático es conocido popularmente como el “Petrolão”, porque la empresa Petrobras está en el ojo del huracán de la operación policial que fue el inicio del “Lava-jato”, refiriéndose al lavado de dinero.
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