Entendamos que la derecha en la AN es una entidad “política” con propósitos empresariales. Como portaaviones que pretende tomar de vuelta todo el poder político en Venezuela, tiene intereses económicos muy poderosos y muy bien delineados tanto en sus tareas puntuales (como la Ley de “Propiedad” de la Gran Misión Vivienda) como en su objetivo estratégico de tomar todo el poder político nacional para devolverlo al servicio de la élite económica.
Es un “negocio redondo” hacer “política” al servicio del gran capital. Cobran por hacer política y esperan más beneficios económicos luego de alcanzar cuotas de poder. Entendamos que los principales promotores de la ley de estafa y privatización de las viviendas públicas son actores fuertemente vinculados a actores del poder inmobiliario en el país, pasan desde los vínculos (económicos y “sentimentales”) de Ramos Allup con su suegro Franco D’Agostino (Dayco Construcciones), pasando por Julio Borges y hasta las empresas en manos de la familia de Henrique Capriles, que, como lo señala abiertamente el sitio de Primero Justicia -colocándolo como rico de cuna que nunca va a robar- es heredero y socio de “empresas financieras y constructoras” inmobiliarias, parte de su emporio familiar multiempresarial.
Todos estos emporios con vínculos de vieja data con el gobierno nacional anterior a la Revolución Bolivariana y actualmente con obras para los gobiernos de derecha.
La ley de “propiedad”, redactada por la derecha empresarial en el Parlamento, implica un caudal con enorme potencial de beneficios para las inmobiliarias, bancos, constructoras y arrendadoras patrocinantes de la derecha. Pero las cifras van más allá del dinero, pues con esa ley intentan maximizar beneficios “políticos” para sus “autores”, lo que en consecuencia se traduce en el alcance de más espacios de poder para hacer más guisos. Revisemos.
1. Un millón de viviendas: Colocar bajo la categoría de privatización, mercantilización y usufructo con propósitos particulares, un millón de nuevas viviendas sociales, sin haber puesto un bloque, es el negocio inmobiliario más cuantioso que jamás se haya visto en la historia venezolana. Colocando a las nuevas viviendas de la Gran Misión, bajo criterios de cálculo del “mercado” y no de acuerdo a sus costos de construcción (con materiales subsidiados por el Estado) implica que, ahora, hay un millón de unidades de vivienda que se constituyen en un espacio de mercado inmobiliario.
Hay un millón de potenciales familias clientes que podrían optar a créditos hipotecarios de su vivienda principal, endeudándose, para obtener un beneficio por un inmueble que les ha costado muy poco o nada, ya que en eso consiste la política social de vivienda.
Si toda vivienda de la Gran Misión se calculara a precios “de mercado”, digamos una cifra modesta, muy modesta, tendría un valor más o menos de 4 millones 500 mil bolívares. Basándonos en un promedio entre viviendas sociales en caseríos, como apartamentos en privilegiados puntos de las ciudades. Hablando ahora de una “oferta” de un millón de viviendas, la cifra total de mercado potencial (lo que llaman “oportunidad de mercado”) es de, léase bien, 4,5 billones de bolívares. Para hacer una referencia, esa cifra es tres veces mayor que el presupuesto anual del Estado venezolano este 2016 que es de poco más de 1,5 billones.
¿Quién sería el beneficiario de ese guiso? ¿El Estado? ¿Un banco? ¿O una inmobiliaria?
Es decir, el caudal potencial de beneficios por hipoteca es tan enorme, que si toda familia beneficiaria de la Gran Misión (con la vigencia de esa ley) decide hipotecar su casa para obtener dinero, el mercado inmobiliario venezolano y los bancos tendrían garantía de negocios por al menos unos 30 años a expensas de beneficios cuantiosísimos. Sólo por intereses, tabulados acordes a las leyes estilo AD -como quieren hacerlo en la ley de bancos, la tasa podría ser de 20% anual; Banesco tiene hoy su tasa no regulada para crédito hipotecario en 24%-, tendrían un beneficio adicional de 900 mil millones de bolívares sin haber colocado un solo bolívar para construir esas viviendas.
2. Burbuja inmobiliaria: Al implementar un modelo “a la española” de expansión del crédito, la posibilidad de la creación de una burbuja inmobiliaria es tan grande que se pierde de vista. Aunque asociemos a las “burbujas” a algo muy malo (por los estallidos de crisis), a los bancos les gusta esa palabra. Se trata de condiciones donde ocurre una expansión del crédito, cosa que maximiza beneficios en los bancos. ¿Qué harían centenas de miles de familias accediendo a créditos por hipoteca? Gastar. Eso harían. Comprar a crédito. El crédito por vehículos ronda el 24% y el de una tarjeta Master Card está por el 29% de interés.
Si toda familia de la GMVV hipotecara, habría una expansión del crédito tan brutal que habría que desmontar el nivel actual del encaje legal bancario (el dinero que los bancos deben preservar sin dar a crédito) que hoy está en 21,5% y los servicios bancarios, intereses (o intereses sobre intereses, estilo “cuotas balón”, como sabe legislar la derecha) podrían tener un potencial beneficio de al menos un 50% del monto total del mercado hipotecable.
Es decir, hay un potencial beneficio para los bancos de 2,25 billones. Ese es el monto de los negocios a los que aspiran. Esa cifra es superior a todo el presupuesto del Estado venezolano desde 2010 a 2015.
3. Sobre la cartera hipotecaria bancaria: Recientemente el Estado venezolano emitió un decreto que señala que el monto que los bancos destinen para la construcción de viviendas debe fraccionarse en 75% destinado a edificaciones nuevas del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda, es decir, subordinan los recursos de la Cartera Hipotecaria Obligatoria para la edificación de viviendas a la Gran Misión y al 0800-Mihogar, para apalancar con esa fuente de recursos la construcción de viviendas de interés social a la clase media. Con la nueva ley de estafa pretenden progresivamente eliminar todo tipo de providencias que vayan en favor de poner los recursos en servicio de la gente.
Quieren que todos los recursos de la cartera hipotecaria obligatoria vayan de nuevo al servicio de las constructoras, bancos e inmobiliarias. Pese a que no les ha ido nada mal. Hoy la cartera crediticia bancaria bruta obligatoria para el sector inmobiliario es de 20% (el 20% del total de sus créditos deben ir a ese sector). De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, el año 2015 cerró con un total de Bs. 113.825, 5 millones en créditos hipotecarios, un alza de 4,9% con respecto a 2014.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, recientemente y casi en un mar de lágrimas afirmó que “el gobierno se quedará con los 300 millardos de bolívares que se destinaron a la cartera inmobiliaria (2015) y los recursos entrarán al flujo de caja de la Gran Misión Vivienda Venezuela”. Esto indica que sólo en el 2015, los privados perdieron un guiso de 300 mil millones y quieren que esos reales vuelvan a los bolsillos de las constructoras, lo que equivale a una quinta parte del presupuesto nacional este 2016.
4. Reales para su “nuevo Gobierno”: La derecha prepara el terreno para ser el gobierno ejecutivo. Para colocarse en Miraflores. Básicamente, intentarán cobrarle a la gente (con la gran posibilidad de que inmensas mayorías no puedan pagar) las viviendas a precios de “mercado”. Una familia cuya vivienda será valorada ahora “a tasa de mercado” en 10 millones de bolívares, en 20 años deberá pagar 240 cuotas mensuales para que te den tu papelito de “propietario”. 10 millones entre 240 da 40 mil 666 bolívares. Ese será el pago mensual sin intereses. Anual es de 480 mil Bs. ¿Cuántas familias de la GMVV tienen hoy 480 mil este año para pagar una partecita de deuda para tener el papel de “propietario” de su casa?
Es la lógica neoliberal de recaudar recursos públicos quitándoselos a los pendejos
La ley de estafa es ambigua, no aclara si esos recursos los captará directamente el Estado o eventualmente puede transferirse la responsabilidad del cobro a una inmobiliaria o banco. Considerando la estimación del valor promedio del total de las viviendas de la GMVV en más de 4,5 billones, todo indica que el presupuesto público se triplicaría sólo por cobrarle las casas a la gente bajo esa nueva modalidad.
Es la lógica neoliberal de recaudar recursos públicos quitándoselos a los pendejos, en lugar de ponerle impuestos a los ricos. Por ahí van los tiros. Cosa que hoy no sucede: las viviendas se cobran con subsidio, a costo de construcción (con materiales subsidiados), sin interés y a 30 años.
5. Si hay desahucios, hay guiso: Sigamos en la estimación (muy modesta) de que, en promedio, las viviendas de la GMVV pueden costar 4 millones 500 mil. Supongamos que, como dijo Ramos Allup, habrá familias que no podrán pagarlas (y las habrá). Supongamos que esa cifra será modesta y será de sólo el 10% de quienes hoy poseen una vivienda de la GMVV. La cifra es de 100 mil familias desahuciadas y 100 mil viviendas que pasarán a manos de quien “las pueda pagar”, como dijo Ramos Allup.
El negocio sería entonces de 450 mil millones. Ese es el beneficio que obtendrán luego de despojar esas viviendas y reasignarlas. Si un apartamento en la avenida Bolívar de Caracas es despojado de sus actuales dueños y vendido a un particular, puede costar hoy a precio de “mercado” más o menos unos 45 millones. ¿Quién sería el beneficiario de ese guiso? ¿El Estado (con un gobierno de derecha)? ¿Un banco? ¿O una inmobiliaria?
6. La cifra política: La demagogia majunche, de hacer misa con escapulario ajeno, pretende alcanzar a más de 4 millones de personas que integran la gran familia de la GMVV. Asumen como alto el valor electoral de decirle a una gente que ya tiene propiedad de sus inmuebles, que ahora “tendrán su propiedad” en una reedición de la politiquería del engaño. Hay una fórmula “política” altamente peligrosa: la de decirle a la gente que “ahora sí podrás hipotecar tu inmueble y obtener beneficios”, y así lo están haciendo, vendiendo la felicidad superflua del dinero fácil.
La demagogia se pierde de vista. Además de intentar desmembrar al chavismo y producir confrontación entre las familias de los urbanismos de la GMVV, quieren amplificar su piso político sin hacer ninguna contribución a la resolución del problema social de la vivienda en el país. Su propósito es amplificar su base electoral, el poder por el poder, para de esa manera hacer más guisos colocando todo el esfuerzo del sector público y del pueblo, en beneficio de los capitalistas.
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