TSJ anula absolución de los acusados por la masacre de El Amparo


29 de octubre de 2016.- Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la sentencia que absolvió a los implicados en la masacre ocurrida en El Amparo, estado Apure, el 29 de octubre de 1988, ejecutada por el Comando Estratégico José Antonio Páez (Cejap), grupo antiguerrillero del gobierno de Jaime Lusinchi.

Entre los delitos cometidos por los implicado destacan el de homicidio intencional, homicidio intencional en grado de frustración y uso indebido de arma de fuego, en perjuicio de 16 personas, a los funcionarios acusados por haberle causado la muerte a 14 personas y lesiones a otras 2.

La referida sentencia fue dictada el 30 de junio de 1998 por el Tribunal de Reenvío en lo Penal Militar, la cual fue avalada por la decisión del 20 de octubre de 1998, emanada de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, también anulada por el máximo tribunal del país, reseña la sentencia del TSJ.

La sala agregó que las probanzas llevadas a cabo no demuestran que haya habido enfrentamiento armado entre los atacantes y sus víctimas. Asimismo, se evidenció la violación de las normas y leyes previstas para la Constitución que tenía vigencia para entonces, lo que representa graves violaciones al debido proceso, tutela judicial efectiva, a los derechos humanos y a la justicia.

Además, la sentencia ordena a la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, proceda a dictar nueva decisión en el presente asunto, siguiendo para ello las reglas de juzgamiento penal militar vigentes para la fecha en que se dictó la sentencia y en acatamiento a la doctrina expuesta por el máximo tribunal, prescindiendo para ello de los vicios que fueron delatados en el fallo objeto de la solicitud de revisión constitucional ejercida por el Ministerio Público.

La masacre de El Amparo, la de Yumare (1986) y la de Cantaura (1982) fueron arremetidas que formaron parte de los crímenes de Estado que derivaron de una política de exterminio contra los movimientos de izquierda durante la era de los gobiernos de la IV República.

Esta matanza fue coordinada por los jefes del Comando Específico “José Antonio Páez”.

Tomada de internet
Catorce pescadores murieron y sobrevivieron José Augusto Arias y Wolmer Gregorio Pinilla quienes fueron llamados a testificar en el juicio.
/ Foto:Tomada de internet

La Masacre de El Amparo fue un hecho acontecido el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, específicamente en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure fronterizo con Colombia, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos. Las víctimas totales fueron 16, dos de ellas sobrevivieron.

Esta matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.

Impunidad

El proceso de investigación del caso se hizo bajo la jurisdicción militar. Los militares se declararon inocentes, sus argumentos fueron que se enfrentaron supuestamente con grupos subversivos declarando así la actuación de legítima defensa.

El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso asignándole el número 10.602. El 12 de octubre 1993, la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicó un informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela, para ese entonces al mando de Ramón J. Velásquez, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas.

Hasta la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos ocupan altos cargos públicos.



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