7 de octubre de 2008 / El recientemente designado presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos Calderón, en entrevista al Tiempo de Bogotá reconoció que si bien en Colombia la violencia directa contra periodistas ha descendido, han aumentado las amenazas, la intimidación y la autocensura.

“Hay mucha impunidad”, manifestó Santos Calderón. Paradójicamente se mostró “preocupado” por la “lenta asfixia de ‘los medios independientes’ en Venezuela”.

En su opinión, el gobierno venezolano “pretende montar juicios contra los propietarios Alberto Federico Ravell y Miguel Henrique Otero”, quienes firmaron el acta de posesión de Pedro Carmona Estanga, quien dio un golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002.

Además, recientemente fueron reveladas informaciones relacionadas con los planes conspirativos e intento de magnicidio en los cuales aparece Globovisión como un medio aliado de los militares que participarían en el complot. Asimismo salieron a relucir reuniones en la residencia del director del diario El Nacional.

A pesar de estos antecedentes, Enrique Santos manifiesta la supuesta intolerancia del gobierno de Hugo Chávez en relación con los medios, que él llama “independientes”.

Mientras Santos denuncia la supuesta intolerancia de parte del gobierno venezolano, el Comité de Protección del Periodista (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció al gobierno de Álvaro Uribe.

CPJ fustigó “la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación, lo cual socava su ‘teórico’ compromiso con la libertad de expresión”. Tal preocupación se debió a que el corresponsal en Bogotá del diario estadounidense El Nuevo Herald, Gonzalo Guillén, se vio obligado a abandonar Colombia tras recibir más de 20 amenazas de muerte.

El mandatario colombiano lo acusó de estar “detrás” “del libro escrito por Virginia Vallejo “Amando a Pablo, Odiando a Escobar”, en el que se relaciona a Uribe con el narcotráfico.

Además, la Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER) denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos. Guillén no ha sido el único periodista obligado a marcharse de Colombia, porque la lista es extensa. Sólo por citar otro ejemplo, William Parra, corresponsal de TeleSUR, también ha sido acusado de tener supuestos vínculos con las FARC.

Además en los últimos quince años, 39 comunicadores sociales han sido asesinados en Colombia en cumplimiento de su trabajo profesional, según la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

De hecho, el peligro de ejercer el periodismo en Colombia es reconocido por otro miembro de la familia Santos, como Francisco Santos Calderón, ex director del diario El Tiempo de Bogotá, quien refiere que: “Hace unos años quise sacar un seguro de vida en una compañía europea. Me sorprendió cuando me lo negaron a raíz de mi profesión de periodista. Quizás no debería haberme sorprendido tanto, teniendo en cuenta que Colombia es el país donde ha sido asesinado el mayor número de periodistas en los últimos 15 años”.

Santos Calderón tuvo que huir de su país ante el peligro que corría su vida y actualmente radica en España y colabora con el diario El País de Madrid.

VTV/Agencias Internacionales – shar